Domingo 22/10/2017. Actualizado 01:00h

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La voz del lector

Don Juan Carlos y Bildu

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España ha conocido en las últimas décadas un avance vertiginoso en materia económica, social y tecnológica como nunca en su historia.

Este avance fue promovido por el clima de consenso, paz y talante que inspiró a los españoles durante la Transición, ciudadanos y políticos, que junto a la actitud favorable y abierta de la Corona nos han legado un país muy diferente al que conocían nuestros abuelos. Por muchas críticas que haya (la mayoría sin fundamento o recurriendo a tópicos demagógicos), la Monarquía Parlamentaria provee una estabilidad a España como ningún otro régimen, ya que por definición el Jefe de Estado tiene que ser neutral, imparcial y alejado de sesgos políticos. Además, al simbolizar la figura del Rey la unión española y de todos los españoles, sin atender a sus ideologías, es el mejor referente en el ámbito de relaciones internacionales, puesto que mira por interés general de España y no por un rédito político.

Pero últimamente se está echando en falta el papel de la Corona en la vida política española. Tras la negativa del Tribunal Supremo de dejar presentarse a la coalición Bildu a las inminentes elecciones, el Tribunal Constitucional dio un fallo contrario (decisión que acato, pero que no comparto). No contaron con las declaraciones de ciertos terroristas sobre los planes auténticos ni a los historiales de muchos integrantes del movimiento con relaciones con el entorno de ETA, amén de numerosos detalles que como mínimo invitan a sospechar.

No digo que el Rey tenga posibilidad de veto o solape su actuación con las competencias de los tres poderes políticos, ni que se erija como corrector del Constitucional. Sólo digo que se atenga a las suficientes atribuciones que le otorga la Constitución en el título dedicado a la Corona. Al Rey no le compete juzgar sobre Bildu, sino que debe tener en cuenta la votación de los miembros del tribunal, que indican que están arracimados en dos corrientes políticas (progresistas y conservadores) y votan en bloque, lo que da la sospecha que el TC está politizado y pierde por tanto su independencia.

El Rey debería aplicar el artículo 56.1 para ser árbitro y moderador del juego democrático y advertir que desde 1985 las leyes de elección de magistrados para el CGPJ y el TC están hechas para que los órganos se conviertan en marionetas de los partidos de turno. Si bien su poder moderador lo realiza en multitud de ocasiones en reuniones privadas, al pueblo español le encantaría ver a Su Majestad en alocución pública diciendo que es necesario que haya una nueva ley para que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente (art. 117.1). Así, cualquier sentencia, ya fuere sobre Bildu u otro tema, quedaría limpia de sospecha de interés partidista.

De igual manera, la Corona ha de hacerse más presente en la vida pública mediante una nueva democratización estatal. A muchos ciudadanos, sin importar su ideología, le gustaría ver que se cumpliera el artículo 6 (democracia interna en los partidos políticos), el artículo 7 (sindicatos independientes del Gobierno), el artículo 68.3 (ley electoral justa y proporcional) y el artículo 138.2 (solidaridad entre autonomías y eliminación de privilegios).En un país del siglo XXI es imprescindible que los ciudadanos se rijan a sí mismos y hagan una vida democrática normal, pero de ninguna manera esto debe conllevar que el Jefe de Estado se olvide de ejercer sus competencias legítimas y constitucionales cuando sea necesario, sino todo lo contrario.

Javier García Molleja

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