La infanta Cristina no podrá ser apartada de la sucesión a la corona si ella no quiere: ni siquiera por el rey

La posibilidad de que se produzca una imputación de la infanta Cristina por parte de juez Castro, dentro del sumario del 'caso Nóos', ha planteado la hipótesis de que la hija segunda del rey deba quedar excluida de los derechos sucesorios, precisamente para alejar a la institución de las consecuencias del escándalo que significaría ver ante los tribunales a un miembro de la Familia Real.

La pasada semana circularon entre los periodistas que llevan información de Casa Real insistentes rumores apuntando a una inminente e importante declaración que podría afectar a la duquesa de Palma.

Esos rumores provocaron que el jefe de prensa de La Zarzuela, Javier Ayuso, formulara una declaración en el sentido de que desde la Casa del Rey no se había hecho a la infanta Cristina indicación alguna, ni para que se divorciara de Iñaki Urdangarín, ni para que abandonara el título de duquesa de Palma, ni, por supuesto, para que renunciara a sus derechos al trono.

Según expertos consultados por Monarquía Confidencial, la aclaración resulta en principio superflua, por obvia, puesto que el equipo de La Zarzuela no tiene competencias para indicar nada a los miembros de la Familia Real, algo que corresponde en exclusiva al cabeza de esa familia, es decir, a don Juan Carlos.

Nadie la puede apartar

El riesgo de una imputación de la infanta Cristian, con la consiguiente toma de declaración en el juzgado de Palma, y la posible acusación y comparecencia, durante la vista oral, en el banquillo de los acusados, es lo que planteó las hipótesis de un apartamiento de la línea de sucesión, bien voluntario, bien por decisión unilateral de don Juan Carlos de privarle de ese derecho.

Sin embargo, los expertos consultados por Monarquía Confidencial concluyen que esta segundo opción no es posible.

El artículo 57.1 de la Constitución establece que la corona de España "es hereditaria en los sucesores de S.M don Juan Carlos I de Borbón". Es decir, la condición de heredero (en la rango que corresponda, en el caso de la infanta Cristina el puesto número siete) deviene del hecho del nacimiento. Y en ningún lugar de la Carta Magna se habla de la posibilidad de ser privado de ese derecho.

En el apartado 57.5 establece que las "abdicaciones y renuncias" se realizaran mediante ley orgánica. La Constitución sólo habla de "renuncia", no de supresión, eliminación o exclusión decidida por el rey o por las Cortes.

Infantes por nacimiento

 

El real decreto 1368/1987, "sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes", una de las pocas disposiciones legales existentes en relación con la monarquía, dice en el artículo 3 que "los hijos de los reyes que no tengan la condición de príncipe o princesa de Asturias y los hijos de este príncipe o princesa serán infantes de España y recibirán el tratamiento de alteza real".

Por tanto, la condición de infante se adquiere por nacimiento. Aunque reseña el real decreto que el rey "podrá agraciar con la dignidad de infante y al tratamiento de alteza a aquellas personas a las que juzgue dignas de este merced por la concurrencia de circunstancias excepcionales". De hecho, don Juan Carlos reconoció esa condición a su primo Carlos de Borbón dos Sicilias. Pero no se contempla la posibilidad de que a alguien le sea privada tal condición contra su voluntad.

Sólo cabe una renuncia voluntaria

A la vista de la normativa legal en vigor, y de que la Constitución sí cita las 'renuncias', una exclusión de la infanta Cristina de la línea de sucesión a la corona de España sólo sería viable si se tratara de un renuncia voluntaria.

Las fuentes a las que ha consultado Monarquía Confidencial explican que la duquesa de Palma no ha mostrado hasta ahora la menor voluntad de tomar una decisión de ese estilo, pero no descartan que si, en efecto, se produjera la imputación, podría reconsiderar su posición. Mucho más aún si el propio don Juan Carlos, como cabeza de la dinastía, se lo sugiere o se lo pide.

Algunos medios han afirmado que una de sus resistencias a dejar los derechos tiene que ver con el deseo de preservar los de sus hijos, pero los expertos consultados sostienen que su renuncia no tiene por qué conllevar la privación de derechos a sus cuatro hijos, puesto que los han adquirido por nacimiento y ya no se les podría quitar.

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