Sábado 21/10/2017. Actualizado 01:00h

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España

Caso Urdangarín: El País considera “frivolidad, populismo y amarillismo periodístico” plantear un debate sobre el futuro de la monarquía

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"Solo la frivolidad, el populismo y el amarillismo periodístico, o la mezcla de los tres, permiten confundir la crítica que merece el comportamiento no ejemplar de Iñaki Urdangarín con un debate sobre el futuro de la Monarquía". Con esa rotundidad se pronunció ayer El País, en un editorial titulado "El 'caso Urdangarín' y el futuro de la Monarquía", que además iniciaba en primera página.

Destacaba que la ovación a don Juan Carlos del 27 de diciembre, en las Cortes, que "evidenciaba el apoyo de los representantes de la soberanía nacional tanto a la figura del rey como a la institución que encarna", se produjo después de que la reacción de la Casa del Rey de excluir a Iñaki Urdangarín del protocolo de la misma, y del recordatorio por parte del monarca de que todos son iguales ante la ley.

A raíz del 'caso Urdangarín', algunos han pretendido que la familia real se encuentra cuestionada por la opinión pública, continuaba el editorial. Otros pretenden alimentar un debate sobre la jefatura del Estado "que no es más que una contorsión intelectual y mediática que la sociedad española debe rechazar con toda contundencia". El rey y su heredero encarnan la legitimidad constitucional de la monarquía, y los hechos imputables al yerno del monarca "no tienen que ver con la forma de Estado que libremente fue asumida por los españoles durante la transición política".

La conducta de Iñaki Urdangarín para nada significa una crisis de legitimidad en la jefatura del Estado, ni es admisible abrir una discusión ficticia sobre ello. "Si algo ha quedado claro, por lo demás, en la maraña del caso Nóos es que el Rey ordenó hace años a su yerno que dejara los negocios privados". Añade El País que España "no necesita de un debate artificial sobre la jefatura del Estado", en un momento además en que todas las energías deben dirigirse a superar la crisis económica. Prácticamente nadie duda hoy —y ese nadie incluye a los más relevantes republicanos de nuestra historia reciente— que el rey y la corona han rendido y seguirán prestando servicios impagables.

Tratar de recusar nuestra forma de Estado al hilo de coyunturas como la que comentamos supone la impugnación del pacto en el que se fundaron las libertades tras la muerte del dictador. Necesitamos apoyar nuestras instituciones, no crearnos problemas que no tenemos, "huyendo de teatrales escaramuzas que suscitan quienes andan al acecho para desestabilizar la democracia en su propio interés".

No obstante, concluye el editorial, la monarquía necesita modernizar sus pautas de funcionamiento. Se requiere deslindar legalmente las responsabilidades de los miembros de la familia real y de los demás parientes del monarca; es preciso establecer una protección jurídica adecuada para el heredero; hay que acentuar más la transparencia de la institución y clarificar los comportamientos profesionales de los familiares del rey, se beneficien o no de fondos públicos. Y está pendiente dar solución al viejo asunto de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.

El País concluye: "A los políticos corresponde definir ahora qué aspectos deberían actualizarse de una institución que ha rendido probados servicios a la ciudadanía, y de la que se espera el ejercicio moderador de su autoridad moral en estos tiempos de crisis e incertidumbre".

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