Martes 21/11/2017. Actualizado 01:00h

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España

El conde de Fontao dejó de serlo en febrero

La Casa del Rey no contratará a un letrado particular

Sólo contará con el asesoramiento jurídico de la Abogacía del Estado, con quien firmó un convenio en septiembre de 2014

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“La Casa de Su Majestad el Rey debe contar con el oportuno asesoramiento jurídico que asegure que su actividad se ajuste en todo momento a la Ley”: así comienza el convenio que la casa real firmó con la Abogacía del Estado hace más de un año para contar con sus servicios en los procesos judiciales en que sea parte.

Felipe VI y la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta. El ministro de Justicia, Felipe VI y la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta.

El acuerdo lo firmaron el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y la abogada general del Estado y directora del Servicio Jurídico del Estado, Marta Silva de Lapuerta. La firma fue el 18 de septiembre de 2014, es decir, tres meses después de la proclamación de Felipe VI como rey de España.

El convenio implica “el asesoramiento jurídico sobre cualquier cuestión o materia que afecte tanto al ejercicio de las funciones de la Casa de Su Majestad el Rey, como a su estructura, organización o funcionamiento”, pero también “la coordinación, en su caso, de todos los procedimientos judiciales en los que la Casa de Su Majestad el Rey o cualesquiera órganos de su estructura fueran parte, informándole puntualmente de su existencia y periódicamente de su estado de tramitación y de todas las cuestiones que, respecto de los mismos, se susciten”.

Es decir, a partir de ese momento hay unos los abogados del Estado destinados a coordinar los asuntos judiciales de la casa real, tanto en labores consultivas como para intervenir en procesos judiciales si fuera necesario.

El convenio incluye una cláusula en la que se establece que “la Casa de Su Majestad el Rey se reserva la facultad de ser asesorada, por un Abogado que designe libremente, en todos y cada uno de los asuntos que estime pertinente”.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 2014 terminó el contrato de “asesoramiento y asistencia jurídica” que José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, mantenía con la Casa del Rey desde los tiempos de Juan Carlos I.

Todos los asuntos los llevarán abogados del Estado

Monarquía Confidencial ha podido saber que no es intención del rey Felipe que después del conde de Fontao se contrate a otro letrado. Es decir, que la Casa del Rey no tendrá un abogado particular: desde este año, todos los asuntos jurídicos de la institución los lleva la Abogacía del Estado.

Fuentes próximas a Zarzuela explican que esta decision es reflejo de la voluntad de transparencia que ya expresó Felipe VI en el discurso que pronunció ante las Cortes Generales nada más jurar como rey.

De esta forma, la Casa del Rey será defendida, como otra institución, por abogados del Estado en todos los casos en los que se vea inmersa en un procedimiento judicial.

El convenio que firmó en septiembre de 2014 no tiene una duración determinada porque es “estructural”, explican desde Zarzuela. Es decir, se mantiene en vigor desde que se firmó y en todo momento siempre y cuando no haya ninguna decisión que lo revoque.

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