Domingo 24/09/2017. Actualizado 01:00h

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Reino Unido

El príncipe Guillermo de Inglaterra moderniza la monarquía británica: ha ordenado reformar la ley para que si su primogénito es mujer pueda heredar el Ducado de Cambridge

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El heredero al trono británico ha impulsado una ley que garantizará la igualdad de derechos por sexo. Si los duques de Cambridge tienen una hija, en primer lugar, podrá ser la principal heredera sin tener que ceder su título a un supuesto hermano varón menor. La hija primogénita de los duques de Cambridge sería una de las mujeres más ricas de Reino Unido.

El príncipe británico ha apoyado una cláusula a la ley de herencias que permitirá a los descendientes de Kate y Guillermo recibir el título del ducado de Cambridge y los ingresos del ducado de Cornualles, tanto si el bebé es barón como mujer.

La propuesta de financiación de la familia real ha sido aprobada la semana pasada en la Cámara de los Lores. La ley garantiza que la línea de acceso al trono de la niña tenga las mismas condiciones que la del barón.

Por tanto si los duques de Cambridge tuviesen una primogénita, ella quedaría en el cuarto puesto de acceso al trono y sucedería a su padre el príncipe Guillermo como reina de Inglaterra.

La ley 1701 del Acuerdo dice exactamente que "un heredero al trono que no es el duque de Cornualles, puede recibir los ingresos del ducado de Cornualles"

Bajo esta premisa, la niña recibiría 700 millones de libras (800 millones de euros) como ganancia del ducado de Cornualles, título que ostenta el príncipe Carlos, el que sería su abuelo.

Pasarían a pertenecerle 54.000 hectáreas de tierra en 23 condados; y la hija de Guillermo Y Kate se convertiría en una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña sin necesidad de alcanzar el trono.

Además la nueva legislación supone la reforma más radical en cuanto a la financiación de la familia real, que se ha hecho en Gran Bretaña desde hace 250 años. A partir de ahora se harán semipúblicas las cuentas del Palacio.

El organismo que manejará los presupuestos oficiales será la Oficina Nacional de Auditoría. Los ingresos privados de la reina y del príncipe Carlos no serán auditados.

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