Jueves 08/12/2016. Actualizado 01:00h

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España

Estrasburgo se pregunta si se vulneró la libertad de expresión de Otegi cuando éste cometió injurias contra el Rey en 2003

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió este lunes al Gobierno y a los abogados de Arnaldo Otegi más información sobre la demanda que el político vasco presentó en 2007 a la Corte, tras la Condena del Tribunal Supremo a un año de prisión por injurias graves contra el rey Juan Carlos. Los hechos se remontan al 26 de febrero de 2003, jornada en la que el Monarca inauguró una central eléctrica en Vizcaya, junto al lehendakari, Juan José Ibarretxe. En una conferencia de prensa convocada en San Sebastián, Otegi se preguntó cómo Ibarretxe se dejaba fotografiar con el Rey, el "responsable de los torturadores" y quien "protege la tortura e impone su régimen monárquico" al pueblo vasco "gracias a la tortura y a la violencia", declaraciones que supusieron que la Fiscalía se querellara contra él.

 

FOTOGRAFÍA: IPAPRESS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió este lunes al Gobierno y a los abogados de Arnaldo Otegi más información sobre la demanda que el político vasco presentó en 2007 a la Corte, tras la Condena del Tribunal Supremo a un año de prisión por injurias graves contra el rey Juan Carlos. El escrito remitido por el Tribunal, con sede en Estrasburgo (noreste de Francia), pregunta a las partes si, teniendo en cuenta que Otegi era portavoz de Sozialista Abertzaleak (SA), ha habido una violación del derecho del demandante a la libertad de expresión y, especialmente, de su derecho de comunicar informaciones o ideas. Los hechos se remontan al 26 de febrero de 2003, jornada en la que el don Juan Carlos inauguró una central eléctrica en Vizcaya, junto al lehendakari, Juan José Ibarretxe. En una conferencia de prensa convocada en San Sebastián, Otegi se preguntó cómo Ibarretxe se dejaba fotografiar con el Rey, que es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el "responsable de los torturadores" y quien "protege la tortura e impone su régimen monárquico" al pueblo vasco "gracias a la tortura y a la violencia", declaraciones que supusieron que la Fiscalía se querellara contra él. El TSJ del País Vasco sentenció que Otegi no era culpable, aunque añadió que las manifestaciones eran claramente "ofensivas", "impropias", "injustas" y "ajenas a la realidad". Tras el recurso planteado por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo condenó a Otegi a un año de prisión. Posteriormente, el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo presentado por Otegi y señaló que sus palabras atribuían al jefe del Estado una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de derecho. La defensa de Otegi estima que la decisión del Tribunal Supremo constituye un atentado contra el derecho a la libertad de expresión de su cliente. Tras recibir la información requerida a las partes, el Tribunal de Estrasburgo se pronunciará sobre la admisión o no a trámite de la demanda y, en caso de ser admitida, dictará sentencia.